TRAS LA VERDAD
Andrés Manuel López, lleva a México a la instauración de un régimen militarista. Cuanta cosa se le ha ocurrido al presidente, encarga a los militares su realización, por eso insiste en dejar en manos del Ejército Mexicano, la función constitucional de la seguridad pública, atribución que implicaría no solo reformar la Constitución y la Ley de la Guardia Nacional; no, tras de sí vendría la cauda de reformas para darle el poder legal al Ejército Mexicano para asumir cuanta función pública está reservada a los civiles.
Otra muestra clara de las desviadas y perversas acciones del presidente de la República, la encontramos en el Decreto expropiatorio que publicó en el Diario Oficial de la Federación, el pasado lunes 28 de junio. De la lectura del Decreto definen que el nuevo aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, no será civil: “será militar y civil”. Claro, la administración queda bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa nacional. Por lo tanto, será un aeropuerto militarizado. Incluso las ganancias que arrojen todos los negocios del Aeropuerto serán para los militares ¿Así o más clara la carrera a la militarización?
Por medio del Decreto López Obrador ordenó la expropiación a pequeños propietarios y ejidatarios, de cientos de hectáreas. Miles y miles de metros cuadrados es posesión del Ejército desde hace muchos meses y no es hasta hoy que, ante la imposibilidad de comprar a precio justo esas tierras, el gobierno de López utilizó el extremo de la expropiación. No pudo negociar la compraventa y pagar el precio justo a los propietarios, quienes ni el juicio de amparo los salva. Recordemos que esa obra fue declarada por el mismo presidente como estratégica, calificándola de “seguridad nacional” ¿La construcción? Sí. Por eso no se puede saber nada de nada oficialmente, todo fue calificado bajo el concepto de “seguridad nacional”, los amparistas perdieron.
Quienes fueron dueños de las tierras expropiadas, ahora tendrán que sujetarse a las condiciones que les imponga la Secretaría de la Defensa Nacional, por medio del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, quien expidió los avalúos de los bienes inmuebles expropiados en los meses de marzo a junio de este año. Literalmente el “agandalle”; pero no lo informan. La misma Secretaría realizó el proyecto de decreto de expropiación. Por tanto, la declaración de utilidad pública de los inmuebles no los ha pagado. AMLO lo aprobó y publicó en su Decreto.
AMLO expropió propiedad privada y ejidal. Pasó a afectar a los Ejidos de Santiago Atoca, de San Lucas Xoloc y de Xaltocan; así como varios inmuebles que denominan franja y polígono ubicados todos en el Estado de México.
Otro atraco que pasa desapercibido por la mayoría de los mexicanos. Para “lavarse las manos”, en el contenido del Decreto expropiatorio, párrafo noveno, se lucen, AMLO asienta que otorga el “derecho de la garantía de audiencia a los propietarios” ¡Vaya burla! Ya tomaron posesión de los inmuebles y trabajan en la construcción. Vale recordar que los juicios de amparo que inicialmente interpusieron algunos afectados, fueron sobreseídos a virtud de haber sido declarada la obra bajo el carácter de “seguridad nacional”, luego el derecho de audiencia es nugatorio ¿A quién pretenden engañar?
El Artículo Primero del Decreto determina que los inmuebles serán destinados a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por lo tanto, jurídicamente no puede existir un “aeropuerto civil en un inmueble que ha sido destinado al Ejército Mexicano”. Tramposa y ladinamente López llama al Aeropuerto: “Civil y Militar”.
Vamos. El Aeropuerto únicamente será administrado por las fuerzas castrenses. Las mentiras caen por su propio peso. Lo interesante será conocer, cuando entre en funciones si el personal militar ocupará todas las plazas administrativas que debieran ser para civiles.
La lógica jurídica indica que todas las plazas serán ocupadas por militares. Vea. Si el inmueble lo administran los militares; si el aeropuerto lo administrará el Ejército Mexicano; si los beneficios económicos son para las fuerzas armadas. Luego entonces la totalidad del Aeropuerto Internacional será administrado por militares. Así las cosas, estamos en presencia de un aeropuerto eminentemente militar. Aunque, como apéndice AMLO coloque la palabra “Civil”. El Decreto desvela con meridiana claridad el engaño del presidente de la República.
Y no es que sea mala la figura jurídica de la expropiación, es un instrumento legal en manos de las autoridades municipales, estatales y la federación. Útil para el fin que se persigue: construcción del Aeropuerto.
Lo turbio son las mentiras del presidente de la República. Un Aeropuerto que será militar y no civil. Tierras expropiadas que no paga, bajo el engaño a los afectados de hacer uso de la “garantía de audiencia” cuando la obra fue clasificada por el mismo AMLO, bajo la denominación de ser calificada de “seguridad nacional”. La Ley de Seguridad Nacional, sin embargo, no aplica según el artículo 3º. Atribución legal que utiliza abusivamente el presidente, inconstitucionalidad que tolera la SCJN.
No cabe la menor duda, López Obrador, va por un gobierno militarizado que lo cuide, lo proteja de todos los abusos que ha cometido y seguirá haciéndolo.
Héctor Parra Rodríguez
