El alcalde de Tolimán, Rodolfo Martínez señaló que la pasada administración, encabezada por el panista Edgar Montes, incurrió en el delito de desvío de recursos, pues entre otras irregularidades, hasta los celulares se llevaron y se vendió casi todo el parque vehicular.
“Hubo venta de vehículos, maquinaria pesada, solo nos dejaron dos Tsuru y al DIF también le dejaron dos Tsuru, no sé de cuánto fue el parque. Estaba todo hecho un relajo, llegó un momento en el que no teníamos para la gasolina, tuve que hablar con proveedores que nos dieran crédito para seguir abasteciendo a las patrullas, al servicio de limpias, alrededor de cuatro millones y medio de impuestos que nos está requiriendo Hacienda y tenemos que pagarlo”.
Comentó que la pasada administración dejó una deuda del servicio de telefonía, cercano a los 16 mil pesos, además de que los funcionarios de primer nivel se llevaron los celulares.
“Me estaré ajustando a lo que marca la ley, si hay que aplicarla lo vamos a hacer, soy abogado, conozco, tengo años de experiencia en materia de derecho administrativo, he trabajado en gobiernos, sé lo que tengo que hacer, qué ley debo de aplicar y cómo debo de actuar, es algo que estaré platicando con el gobernador, claro que es un delito, es desvío de recursos del erario público”.
Agregó que pedirá a la Contraloría Municipal, que inicie el procedimiento de sanción a quienes resulten responsables, luego de que la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) dio a conocer las observaciones, en donde se detectó a aviadores.
“El ejemplo de quienes hayan cobrado sin haber trabajado, es un desvío de recursos grave. De acuerdo al monto, los montos son los que marcan la sanción y cuando tengamos notificados los montos, la autoridad determinara la sanción. Tendré que hacerlo, es parte de mi responsabilidad, no quiero cargar con muertitos ajenos, quiero iniciar bien”.
Agregó que en la administración, se detectó pasivos y deudas a contratistas y proveedores, incluso de contratos que se hicieron a palabra.
“Estas observaciones vienen de otro ejercicio fiscal que no hemos revisado, hemos estado revisando lo último, que es lo que más nos ha llamado la atención por lo sueldos, pasivos que nos dejan, algunos que no quedaron provisionados, contratistas y proveedores se han acercado para decir que se les debe dinero pero no lo tenemos provisionado, no tenemos ningún pendiente que se nos haga dejado en las carpetas y estamos viendo la manera de cómo lo vamos a resolver”.
Aunque aclaró que aún no se tiene una cifra exacta de cuánto asciende la deuda o el desvío de recursos, afirmó que se hicieron tres arcotechos que no se pagaron y si no se solventa por esta administración, se afectará la imagen por alguien que ya se fue (el ex alcalde panista).
“Son de unos arcotechos, alrededor de siete que se ejecutaron en algunas escuelas, ya están puestos, dos están a la mitad, no están concluidos al 100% pero ya fueron ejecutados, sin contratos y sin expediente de obra, confiaron en la palabra del presidente que luego le pagaba y llegó el termino y nunca le pagó, son alrededor de cuatro millones de pesos. Otro arctecho, 350 mil pesos, otro contratista”.
Comentó que además, hay bienes muebles que no se encontraron ni se sabe su paradero, como computadoras, impresoras, monitores, entre otros artículos que desaparecieron y están en la lista de control patrimonial del municipio.
“Todavía seguimos indagando, en la mañana estuve con control patrimonial, hay muchos bienes muebles que no están dentro de las oficinas, el caso de computadoras, impresoras, monitores, hacer la relación y observación, tenemos que notificar al funcionario que sale para pedirles dónde están, sabemos que tienen un derecho de réplica, hasta ahorita no puedo decir que hay culpables”.
En otro orden, informó que hace 15 días, se notificó al Municipio, acerca de la demanda que presentó David Roque a la pasada administración, por el proyecto que presentó para un parque industrial en San Pablo Tolimán y no se le pagó, sin embargo aclaró que no procedió.
“La demanda que inicia, no he tenido pláticas con él, lo que sí tengo es que la demanda no procedió, tenemos que cumplir la sentencia donde se opera la caducidad de la instancia por falta de pruebas y de ejercicio de la acción y por tanto el tribunal ordena la caducidad y eso implica que no hay juicio y el municipio no está obligado a pagar”.
Al finalizar, dejó en claro que acatará la ley para que se apliquen sanciones por las irregularidades que se detecten.
“Si hay alguna acción en contra de un funcionario público por alguna irregularidad, desvío de fondo como de los aviadores, es un grave desfalco al erario público, en su momento que recabemos las pruebas suficientes estaremos en condiciones de ejercer acciones legales en contra de quien resulte responsable”.
