En una medida sin precedentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó una reducción salarial del 50% para los 11 ministros a partir de 2025, en respuesta a la presión ejercida por los recortes presupuestarios de la Cámara de Diputados en 2024. Con esta decisión, los salarios de los ministros pasarán de 5.5 millones de pesos anuales a 2.8 millones de pesos, marcando un paso hacia la austeridad en el Poder Judicial.
La ministra presidenta, Norma Lucía Piña, defendió la medida como un acto de “racionalidad y austeridad,” aunque la ministra Lenia Batres expresó su desacuerdo, al señalar que esta reducción no garantiza transparencia y continúa siendo inconstitucional. Batres destacó que, a pesar de la reducción, los ministros seguirán percibiendo un salario superior al de la presidenta de la República, cuestionando si la medida responde a una verdadera austeridad o a una presión política externa.
La histórica reducción ha abierto un debate sobre la independencia del Poder Judicial ante las decisiones del Poder Legislativo, y sobre cómo esta presión afecta la autonomía y transparencia en las políticas salariales de los ministros. Esta medida se suma a otras acciones de austeridad implementadas por la SCJN y marca un momento clave para la rendición de cuentas en el ámbito judicial.
