Muy seria y delicada se encuentra la situación relacionada con el abasto y la calidad en el suministro del agua en varios municipios del estado de Querétaro; en caso concreto sobresalen la propia capital, El Marqués y Huimilpan.
El problema no es reciente, sin embargo, la magnitud del mismo se ha incrementado considerablemente por el alarmante crecimiento de la población y consecuente migración proveniente de muchas entidades federativas que han sido asoladas por los severos conflictos derivados de la activa presencia de los cárteles del narcotráfico que han hecho de las suyas en toda la República Mexicana; sin que nuestras autoridades federales y aún estatales pongan remedio a esta polarizada situación.
Ejemplo específico lo observamos a diario en el municipio de Querétaro, gobernado por el edil extraído de las filas del PAN, Marcos Aguilar Vega; recordemos que en recientes años, cuando era diputado federal, a este se le identificó como parte del grupo selecto que avalado por la entonces dupla conformada por Gustavo Madero Muñoz y el actual presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, cobraba “moches” por “gestionar” considerables recursos económicos a sus estados y municipios, a fin de que se destinaran a obras públicas sociales.
Ponemos esta panorámica en perspectiva para ubicar -en tiempo y en espacio- a este personaje político cuyas desmedidas ambiciones le hacen creer a Marcos Aguilar Vega que cuenta con posibilidades de ser reelegido -por tres años más-como presidente municipal, o en el mejor de los casos con aspiraciones a lograr un escaño en la Cámara de Senadores.
Lo antes expuesto sirve de entrada para mencionar que uno de los temas que permean y provocarán fuertes malestares sociales se refiere a la privatización para el suministro y la calidad del agua, así como en su saneamiento y alcantarillado; desde luego también por los excesivos cobros por dichos servicios.
De lo antes descrito no escapan los fraccionamientos del polígono El Refugio en la Delegación Epigmenio González, Zibatá y La Pradera, éstos dos ubicados en El Marqués.
De inicio encontramos que el proceso para el otorgamiento de la concesión en El Refugio es viciado e incorrecto, en tanto que debieron haber participado, al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, el representante de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el municipio de Querétaro; eso no se respetó y no fue el caso.
Legalmente, ni el Fraccionador (DRT), ni su concesionaria del agua, pueden cobrar por el suministro de este vital líquido, únicamente lo podrían realizar a partir de mediados de mayo del 2017.
Abogados expertos estiman que debería ser revocada la concesión, por la responsabilidad compartida, como ya fue registrada en el párrafo anterior.
La concesión requiere ser revisada y deberá cumplir a cabalidad (al 100%) los requisitos legales; en consecuencia, podría ser sujeta de revocación y tendría que declararse nula dicha concesión, en tanto que la obligación del desarrollador es proporcionar el suministro del agua, hasta que todas las obras se entreguen al municipio de Querétaro; no ha sido el caso.
Únicamente este último asumió la ágil postura fácil de otorgar la Concesión; eso sucedió en el mes de noviembre del año pasado.
Recordemos que dicho cabildo encabezado por Marcos Aguilar Vega asumió de manera irregular la postura fácil de otorgar la autorización y consecuente concesión del vital líquido. Se compone, en su mayoría, por regidores panistas, de unos cuantos priistas y la única excepción que rechazó tal despropósito fue de parte de Nadia Edith Alcántara, representante de MORENA.
Los problemas básicos se derivan, entre otros, por el excesivo cobro mensual del agua y no se realiza un efectivo desglose por consumo del líquido; no hay respeto por las tarifas oficiales autorizadas y reguladas por la CEA. Esta dependencia estatal no ha efectuado ningún trabajo de supervisión de los servicios proporcionados por la concesionaria en cuanto al suministro y la óptima calidad del agua, alcantarillado y drenaje.
Cabe señalar que los consumidores afectados solicitan se pague el consumo del agua a las personas o empresas legalmente autorizadas y establecida por la Ley y que el cobro se relacione con el verdadero, justo y por demás efectivo precio; de acuerdo con la zona económica que se trate.
El objetivo básico es que la CEA se encargue de la provisión del agua y de los servicios adicionales que se necesiten: saneamiento, alcantarillado.
Adicionalmente, la CEA deberá garantizar la calidad del contenido del agua potable y que a esta última se le obligue para que evalúe y certifique que el líquido sea apto para consumo humano.
Además de la intermitencia en el suministro del agua, ésta muchas veces viene con bastante presión, acompañada de mucho aire y sedimentos; que hacen de la ingesta serios problemas físicos para la comunidad que ahí vive.
Un cotidiano clamor de los que ahí viven es que se requiere la regularización de manera individual de contratos de agua, para que el consumo sea equitativo y justo; que esté dentro del mercado tarifario avalado por la CEA; que el costo por medidores individuales mantengan precios razonables y sobre todo que no se inflen los precios.
Desafortunadamente la empresa concesionaria “Abastecedora de agua y alcantarillado de Querétaro”; nada hace al respecto para mejorar los servicios proporcionados; esa forma parte del conglomerado Desarrollador inmobiliario “Desarrollos Residenciales Turísticos” (DRT).
Este fraccionamiento es un espacio geográfico de poco más de 7.5 kilómetros cuadrados, sobresalen personas que pertenecen a los niveles socioeconómicos medio-bajo, clase media y media alta; son más los primeros, que en su mayoría viven en conjuntos de “clúster” de casas en condominio horizontal y que pagan sus pesadas hipotecas. Muchos de ellos son pensionados o jubilados, o bien pagan renta.
Por el contrario, a los habitantes de El Refugio y sus respectivas ampliaciones que conforman a poco más de tres mil casas, departamentos y los poco más de 33 condominios horizontales se les clasifica de manera pareja, como nivel residencial alto. Muchos de los que entran en esta última categoría habitacional debiesen, como mínimo, ser considerados como de nivel “Medio”; sino que “Bajo”, por la dimensión y cantidad de metros cuadrados construidos. Todo ello impacta de manera importante en el bolsillo familiar.
De entrada, los problemas básicos se derivan por el cobro excesivo que hace la empresa Concesionaria “Abastecedora de agua y alcantarillado de Querétaro”, por el consumo del agua, no se hace un claro desglose por el concepto.
Además de que la concesionaria no cuenta con la capacidad técnica, ni con la experiencia necesaria que se requiere para proveer los servicios de agua, alcantarillado y drenaje.
Hay que recalcar que los cobros que hace la concesionaria “Abastecedora de agua y alcantarillado de Querétaro” son por demás irregulares.
Por otro lado, la Concesión del agua en comento fue autorizada únicamente por el Municipio de Querétaro con fecha del pasado mes de noviembre (2016).
Legalmente, ni el Fraccionador (DRT), ni su concesionaria del agua, pueden cobrar por el suministro de este vital líquido, únicamente lo podrían realizar a partir del mes de mayo del año en curso.
Al parecer la “Abastecedora de agua y alcantarillado de Querétaro” no cuenta con el equipo especializado y el sistema de filtros que se requiere para el filtrado, la cloración, entre otros aspectos.
Por su parte, la CEA no ha efectuado ningún trabajo de operación en este sentido; no se ha involucrado en la supervisión de los servicios proporcionados por la concesionaria en cuanto al suministro del agua, alcantarillado y drenaje.
Lo que se necesita es que se pague a las personas o empresas legalmente autorizadas y establecida por la Ley y que el cobro se relacione con el verdadero, justo y por demás efectivo precio; de acuerdo con la zona económica que se trate.
El objetivo básico es que la CEA se encargue de la provisión del agua y de los servicios adicionales que se requieren, como son el saneamiento y alcantarillado. Además, la CEA deberá garantizar la calidad del contenido del agua potable y que se a ésta se le obligue para que evalúe y certifique que el agua sea apta para el consumo humano; sustentándose en la correspondiente Norma Oficial Mexicana.
¿Qué pretenden las autoridades del gobierno del estado de Querétaro y de su municipio capitalino?
Están, al parecer, a la expectativa de que la población perjudicada se ponga en resistencia civil ante tal cantidad de inconformidad social, derivado del cúmulo de inacciones, omisiones y pésimas decisiones de dichas autoridades que dieron pauta para para las pésimas decisiones de dichas autoridades y que dieron forma a la privatización de los servicios en el suministro del agua, alcantarillado y saneamiento y del tratamiento de aguas residuales para el polígono en el que se ubica el fraccionamiento El Refugio y de sus ampliaciones.
Una vez más, el derecho humanitario para tener acceso al recurso hídrico podría replicarse en una administración estatal y municipal panista, tal y como sucede desde hace varios meses en el estado de Baja California, donde paradójicamente actúa errónea un gobernador perteneciente al PAN; nos referimos a Eduardo “Kiko” Vega, reconocido por los habitantes de esa entidad como un gran pillo, poseedor de enormes propiedades y latifundios y que ha estado beneficiando con los bajos precios por uso del agua a la empresa cervecera extranjera “Brand Constellations”, quitándoles del acceso y uso del líquido a los agricultores del Valle de Mexicali.
De manera reciente y después de que la sociedad civil organizada de Mexicali, Ensenada y Tijuana, agrupada en torno al movimiento “Mexicali Resiste”, este no se conforma por líderes monolíticos, de esa manera no serán fácilmente cooptables.
Esa organización social se ha visto beneficiado por un Amparo interpuesto ante un Juez Federal; mismo que les otorgó la razón jurídica a los habitantes de ese enclave regional, acreditándoles un Amparo definitivo, que impide la entrega del agua de los agricultores a la cervecera extranjera.
Dicha noticia le cayó de gran frescura a la población de Mexicali, acostumbrada a severos niveles de calor, donde la temperatura entre los meses de mayo, junio, julio y agosto oscila entre los 42 y 50 grados centígrados; es un verdadero infierno.
Una vez más, el desinterés mostrado por el presidente Enrique Peña Nieto se hace presente ante los malestares sociales. ¿Así pretenden sostenerse en el poder los políticos, sean del PRI o del PAN?
Lo percibo harto difícil, la población es la mandante y les cobrará la factura.
Algo similar está ocurriendo en la Ciudad de México, donde los líderes perredistas preparan el terreno y momento político a Miguel Ángel Mancera, que desde diciembre del 2012 funge como Jefe del Gobierno capitalino, y poderle allanarle el camino para la privatización del agua; recibiría por ello fuertes cantidades de dinero, de gran utilidad para sus propósitos de la próxima campaña presidencial rumbo a Los Pinos.
Situación idéntica la padecen los habitantes de las ciudades de Mérida, Yucatán y de León, Guanajuato; seguramente pronto les estarán maniatando y coaccionando para hacerles entrar al aro de la privatización, cuyas consabidas y muy jugosas ganancias serán para unos cuantos vivales.
Las dependencias estatales del agua serán de puro escaparate y quedarían como “entes reguladores”; manteniendo en su redil a puros parásitos de la burocracia; que a estos les retiren del privilegio de contar con el vital líquido y que lo consumen pagando sin subsidios a precios del mercado, controlado por las concesionarias.
