Debido a que según la autoridad municipal de Querétaro, retiró el comercio de La Alameda Hidalgo, tras haber detectado fenómenos como la prostitución, venta de drogas y piratería, Braulio Guerra, diputado federal del PRI dejó en claro que el descuido de esta zona no corresponde a la administración pasada sino de gobiernos anteriores que dejaron crecer el ambulantaje en aquella zona.
“Desde el 2000 ya veníamos hablando de que esos carritos de La Alameda ya estaban ahí, fueron ubicados desde ese año, ahí se desarrollaba e comercio durante varias administraciones, si la autoridad estatal o municipal registró aspectos que violentaban la vida pública o la comisión de delitos, le corresponde a la autoridad demostrar todos estos acontecimientos. Desde el 98, 99. Tienen desde el siglo pasado”.
En este sentido el diputado federal de extracción piista agregó que el Poder Judicial determinará si existen pruebas de la comisión de delitos en esta zona que la autoridad municipal pretende rescatar, tomando en cuenta derechos de los comerciantes regularizados.
“Es un tema que se encuentra en manos de las instituciones queretanas, es decir del Poder Judicial, existen causas penales que se les está dando seguimiento, en este caso la vigilancia de sus derechos humanos, de sus atribuciones como ciudadanos, que estén plenamente protegidas y observadas, en el caso de quienes ejercen el comercio en vía pública, siempre se ha ponderado en toda las administraciones el dialogo, apertura”.
Aseveró que los queretanos tienen derecho a la ciudad o limpiar la imagen urbana, por lo que la recuperación de esa zona, puede hacer valer esa petición.
“Pero también el derecho a la ciudad o hacer ciudad, es decir, los ciudadanos que en su conjunto quieren o aspiran a tener una ciudad más amable, circulable, desde luego que tienen las políticas pública de los gobiernos, a tender a mejorar las zonas o lugares donde pudiera mejorarse el aspecto urbano como el rescate de La Alameda”.
Destacó que los comerciantes afectados, pueden acudir ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ).
“Quedan a salvo los derechos ante las vías que tienen las instituciones queretanos como la Defensoría de los Derechos Humanos, y como son los criminales, para poder, si les han conjuntado un derecho de acuerdo a os permisos, todo que ellos por años venían desarrollando como un comercio en una zona específica, tienen vigente sus derechos, defensa. Para que también las autoridades así lo hagan valer”.
Guerra Urbiola consideró que la autoridad debe encontrar un equilibrio entre la imagen urbana y el fortalecimiento del comercio en pequeño.
“Siempre hay que encontrar los puntos medios, equilibrio, nadie que viole el derecho, todo para que la ciudad funcione y sea Querétaro, un lugar que en su desarrollo siga progresando y teniendo no solo una imagen urbana buena, sino que haya ese equilibrio, balance entre tener un balance del desarrollo del comercio en pequeño, hasta que mantengamos los sitios que queramos conservar como en este caso La Alameda”.
Por su parte, Hugo Cabrera, legislador federal del tricolor añadió que la postura del PRI siempre será de dialogo y apertura por parte de la autoridad, y señaló que ésta no debe criminalizar a las organizaciones sociales.
“La postura del PRI siempre será de buscar el diálogo, consenso, de tener una apertura hacia las organizaciones sociales, hacia los líderes sociales. Creo yo que ningún gobierno puede caer en la criminalización de la organización social. Hoy nos percatamos que hay una serie de acciones, consideramos y esperamos que estén sustentadas en derecho y que tengan los involucrados la oportunidad que tiene cualquier mexicano de asumir su situación e defensa conforma a lo que establecen las propias leyes en esta materia”.
