Del 2011 a la fecha, Querétaro bajó su calificación de atención y respeto a los derechos humanos de los internos en Centros de Reinserción Social, según el Diagnóstico Nacional al Sistema Penitenciario 2015 que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en donde el estado obtuvo una calificación del 7.12 respecto al tratamiento de los internos y el respeto a los derechos humanos.
En los últimos años, disminuyó el respeto de los derechos humanos, pues en el 2011 la calificación que tuvo es de 7.79; en 2012, 7.49; en 2013, 7.41; y en 2014 la calificación fue de 7.34.
Asimismo, el estudio indica que el Centro de Reinserción Social del Estado, en San José El Alto tuvo una calificación de 6.83 en el 2015; el Centro de Reinserción Social Femenil San José El Alto obtuvo un 7.53 y el Centro de Reinserción Social San Juan del Río, un 7.01.
En el Centro de Reinserción Social San José El Alto, en la supervisión, la Comisión detectó que es importante poner atención en los siguientes temas:
En el rubro de aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno:
Supervisión del funcionamiento del Centro por parte del titular.
Insuficiencia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos.
Prevención de violaciones a derechos humanos y atención en caso de que sean detectadas.
Insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
En el rubro de condiciones de gobernabilidad, se detectó importante poner atención en:
Normatividad que rige al Centro (reglamento, procedimientos y difusión de los mismos).
Insuficiencia de personal.
Deficiencias en el proceso para la imposición de las sanciones disciplinarias.
Ejercicio de funciones de autoridad por parte de internos del Centro (autogobierno/cogobierno).
Actividades ilícitas
En el rubro de la reinserción social del interno:
Deficiente integración del expediente técnico-jurídico de cada interno. ·
Actividades laborales y capacitación.
En el rubro de grupos de internos con requerimientos específicos:
Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.
Centro de Reinserción Social Femenil de San José El Alto
En el rubro de aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno:
Prevención de violaciones a derechos humanos y atención en caso de que sean detectadas.
Insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
En el rubro de la reinserción social del interno:
Deficiente integración del expediente técnico-jurídico de cada interna.
Actividades laborales y capacitación.
En el rubro de grupos de internos con requerimientos específicos:
Atención a adultos mayores.
Atención a indígenas.
Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.
Centro de Reinserción Social San Juan del Río
En el rubro de aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno:
Supervisión del funcionamiento del Centro por parte del titular.
Insuficiencia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos.
Insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
En el rubro de aspectos que garantizan una estancia digna:
Inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del Centro.
En el rubro de gobernabilidad:
Deficiencias en el proceso para la imposición de las sanciones disciplinarias.
Deficiente integración del expediente técnico-jurídico de cada interno.
Actividades laborales y capacitación.
En el rubro de grupos de internos con requerimientos específicos:
Atención a indígenas.
Atención a personas con discapacidad física y/o psicosocial.
Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.
En su informe, la CNDH explica que el diagnóstico se trata de una observancia del respeto de los derechos fundamentales dentro del sistema penitenciario del país, bajo la perspectiva establecida en la normatividad nacional e internacional, que le confiere a las autoridades la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas en reclusión.
La aplicación del DNSP 2015, se realizó sobre una muestra conformada por 130 (36%) centros penitenciarios estatales, varoniles, mixtos y femeniles, de un total de 359 que hay en el territorio nacional, cuya población total de acuerdo al dato obtenido al día de la supervisión fue de 194,977 internos, lo que corresponde al 87 % del total de la población recluida en centros estatales.
