La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) emitió una contundente recomendación al Municipio de Ezequiel Montes (Recomendación 256/3/2023) por la negligencia y violación de los derechos humanos que derivaron en el suicidio de una persona que se encontró detenida en el Juzgado Cívico Municipal.
Los hechos ocurrieron el 22 de enero de 2021, cuando la víctima fue detenida por consumir bebidas embriagantes en la vía pública. Tras su arresto, fue ingresada al Juzgado Cívico de Ezequiel Montes sin haber sido previamente certificada por un médico y sin haber comparado ante el juez correspondiente. Estas omisiones, responsabilidad directa de la autoridad municipal, demuestran una clara violación a la legalidad y seguridad jurídica de la persona detenida.
La investigación realizada por la DDHQ reveló una serie de acciones y omisiones preocupantes. En primer lugar, la víctima fue recluida en una celda sin haber sido revisada médicamente, lo que evidencia una falta de atención a su integridad física y psicológica. Además, no se le otorgó la oportunidad de ser escuchada en una audiencia de calificación por el juez cívico competente, negándole así el derecho a un debido proceso.
La ausencia de un procedimiento administrativo regido por un reglamento vigente agrava aún más la situación. La falta de supervisión y vigilancia adecuada en el Juzgado Cívico Municipal permitió que la persona detenida atentara contra su vida sin que se pudiera evitar su trágico desenlace. Estos hechos son muestra de una alarmante falta de responsabilidad y cuidado por parte de la autoridad municipal.
En respuesta a esta lamentable situación, la DDHQ ha emitido cinco recomendaciones al Municipio de Ezequiel Montes con el objetivo de prevenir futuras violaciones a los derechos humanos. Entre estas recomendaciones se encuentra la necesidad de contar con un reglamento interno que regula el ingreso de personas detenidas, la presencia constante de personal capacitado en el Juzgado Cívico y la ampliación de la plantilla de personal médico y de vigilancia.
Asimismo, se demanda la capacitación del personal en materia de derechos humanos, especialmente en temas de prevención del suicidio y salud mental relacionados con las personas privadas de libertad. Por último, se exige el inicio de los procedimientos administrativos correspondientes para determinar las responsabilidades administrativas por los hechos ocurridos.
