TRAS LA VERDAD
Mañana martes el estado mexicano hará un reconocimiento de inocencia a tres indígenas queretanas, Jacinta, Teresa y Alberta, quienes fueron injustamente privadas de su libertad durante 4 años.
En este asunto hubo de intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el estado se haga responsable de un acto por demás injusto. Las Naciones Unidas también participaron en favor de las indígenas hñahñu, originarias de Santiago Mexquititlán, Querétaro. Un acto por demás abusivo por parte de algunas autoridades federales, tanto de la PGR, como de la autoridad jurisdiccional federal; el primero por acusar con pruebas falsas y el segundo por sentenciar indebidamente a tres inocentes de secuestro de 6 elementos de la policía federal y supuesta posesión de cocaína.
Hubo toda clase de violaciones procesales a grado tal que un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo que reconocer este abuso con la siguiente frase lapidaria: “La sentencia es una vergüenza para el sistema de justicia”.
¿Cuántos juicios más como este habrá en la República Mexicana? La autoridad judicial federal ha emitido varias sentencias en algunos incidentes de reconocimiento de inocencia, todos ellos con el mismo estigma: “Vergüenza para el sistema de justicia”. Sin embargo, ninguno que se le parezca al de las indígenas queretanas. En otros juicios, simplemente se ordena a la autoridad poner en libertad a los detenidos y archivar los expedientes. Ahora se obligó al estado mexicano a realizar el reconocimiento de inocencia por medio de un acto público, que en este caso se hará en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad d México.
Los Ministros dijeron que el asunto de los indígenas era de interés y trascendencia. Los impartidores de justicia basaron su criterio jurídico y de protección a los derechos humanos en: “la prohibición de la discriminación, los derechos de la mujer y los derechos públicos indígenas”. Reconocieron los Ministros que la federación es parte en el juicio y por lo mismo nació el interés de conocer de los hechos. Y cómo no iban a hacerlo si la violación a los derechos humanos de tres mujeres fue un acto por demás exacerbado, abusivo, escandaloso y hasta delincuencial; colusión de autoridades en perjuicio de tres mujeres: Alberta, Teresa y Jacinta.
No hay antecedente semejante, en el que el estado deba pedir una disculpa pública a tres inocentes por los abusos cometidos en su contra. No solo fue el haber sido detenidas, acusadas, procesadas y sentenciadas a más de 20 años de prisión, fueron privadas de su libertad por cuatro años por acusaciones falsas de la autoridad policial federal; un hecho por demás deplorable y cobarde; el asunto lo agravó el Juez Cuarto de Distrito, al decretar la formal prisión, seguirles proceso y sentenciarlas como responsables de hechos que no cometieron. Toda una trama de injusticia de las autoridades.
Por eso el acto de mañana al medio día resultará de trascendencia para la historia en materia de injusticia, un evento en el cual el estado mexicano, que será representado por el Procurador General de la República, emita la declaratoria de disculpa, pedir perdón por las injusticias cometidas por el sistema de procuración y administración de justicia. Raúl Cervantes, tendrá que mostrar no solo con palabras, también con una actitud de respeto y arrepentimiento de los malos actos cometidos en el sexenio pasado, pero en tratándose del estado, no importa quién haya estado gobernando en ese momento, el estado mexicano es único e indivisible.
Quedará para la historia la ejecución de la sentencia de arrepentimiento por medio de la expiación de culpas del estado, que deberá cumplir cabalmente la resolución que enmendó la injusticia cometida en agravio de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, tres queretanas que después de 10 años de tortuosos procedimientos podrán sentirse –al menos jurídica y socialmente- satisfechas de que el estado mexicano haya reconocido su inocencia ¡El acto quedará para la historia!
Deseable que el mismo estado mexicano al reconocer estos actos de injusticia, creara mecanismos para que nunca más se vuelva a presentar una situación semejante. Incluso, sin violentar los principios de independencia, autonomía y libertad de las autoridades jurisdiccionales en materia de impartición de justicia, ser sujetas a severas sanciones por los abusos cometidos, al igual que los policías que inventando y tergiversando hechos, lograron que el Ministerio Público, sustentaran una falsa acusación; quienes violaron las normas jurídicas, morales y de ética profesional, no recibirán castigo alguno y ello también es una clara injusticia.
