El presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip), Javier Rascado advirtió que la reforma a la Ley General de la Transparencia, puede ser inconstitucional si se elimina la prueba de daño, para que la autoridad no tenga que justificar la reserva de alguna información, entre otros puntos que contempla la iniciativa, que significan un retroceso.
“Hemos estado muy atentos a la reforma legal, que se tiene que presentar en términos de la Constitución, tiene que haber una Ley General en materia de transparencia, nosotros hemos estado muy atentos, porque se han filtrado algunas informaciones, de que la presidencia de la República quiere proponer algunos retrocesos en esta ley”.
Por lo cual, destacó que este lunes asistirá al Senado de la República, para exponer los 10 puntos que presenta el IFAI y la Comaip, a fin de recomendar qué es lo que debe contener la Ley en materia de transparencia.
“Se propone eliminar la prueba de daño, es decir que ya no se tenga que justificar cuando la autoridad pretenda reservar alguna información, quieren que el Sistema Nacional de Transparencia esté en la Consejería Jurídica, se quiere reformar información en casos de seguridad nacional o riesgos económicos, que eso es muy ambiguo y podría permitir cualquier cosa, son concretamente los temas que nosotros más percibimos que puede ser un retroceso”.
El también presidente de la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG), comentó que se busca que PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, así como los fideicomisos públicos, sean considerados como sujetos a la Ley de Transparencia y que se amplíe la obligación pública de oficio.
“Si no se toman en cuenta estos puntos, podría ser una Ley que no cumpliera con los estándares que estableció la Constitución Federal, la reforma al artículo sexto, fue muy ambiciosa y reforma de gran calado, en caso de que esta ley no atienda a lo que dice la Constitución, incluso podríamos pensar en una ley inconstitucional”.
Finalizó al hacer un llamado a los senadores, para que analicen el dictamen a fondo y se basen en la Constitución Federal.
“Sabemos que el Senado lleva su propia lógica legislativa, más bien nosotros cumpliremos con presentar nuestras observaciones y finalmente ya veremos qué es lo que determinan”.
