TRAS LA VERDAD
Mañana lunes 24 de julio, vence el plazo que otorgó la jueza federal al Municipio de Querétaro, para que resolviera la reubicación de los comerciantes que indebidamente se ubicaban frente a la Alameda Hidalgo; el Director en Comercio y Espectáculos del Municipio, autoridad responsable, no han cumplido con la ejecutoria de amparo.
El abogado de los comerciantes, Cesar Tarello Leal, quien fuera contratado por Pablo González, se ha quejado en contra del gobierno del Estado, debido a las “amenazas” que dice “sentir”, por lo cual posiblemente tramite un juicio de amparo; sin embargo no acusa a nadie en particular. Que las amenazas que “siente” son debido a la defensa que ha llevado en favor de los comerciantes sacados de la Alameda Hidalgo, sin orden previa.
Tanto el Presidente Municipal, Marcos Aguilar, como el Secretario de Gobierno Manuel Velázquez Pegueros, han buscado -sin conseguirlo- negociar con Pablo González, la reubicación de los desplazados. En tanto que la única autoridad responsable, el Director, no se sabe nada de su intervención, mucho menos después de haber participado, junto con algunos de sus inspectores, en la golpiza que recibiera el Señor Arturo Rueda, por aquello de los trabajos de rehabilitación de la calle de Ezequiel Montes y los parquímetros.
La sentencia no puede ser modificada; no hay recurso que pueda aplazar el cumplimiento de la sentencia. La autoridad federal simplemente ordenó se restituyan los derechos humanos –garantías individuales- violados a los comerciantes, que consiste en volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación. Lo malo que el lugar en que se encontraban los comerciantes fue totalmente modificado, es imposible regresarlos al mismo lugar; por eso la jueza amplió el plazo para la ejecución de la sentencia, plazo que mañana lunes vence. Si no se ha cumplido con lo ordenado por la autoridad judicial federal ¿Entonces que sigue?
El mismo gobierno estatal ofreció intervenir en apoyo de las autoridades municipales con el afán de que no regresen los comerciantes a la Alameda Hidalgo, hecho que los queretanos apoyan al cien por ciento. Nadie quiere que los comerciantes vuelvan a la Alameda Hidalgo, espacio público cuyo destino no es el comercio, se trata de un área de esparcimiento para los queretanos, no para el ejercicio del comercio que indebidamente autorizaron desde la administración municipal de Francisco Garrido Patrón, entonces presidente municipal.
Las autoridades competentes de la Presidencia Municipal dejaron pasar el tiempo desde que fueran sacados los comerciantes de ese lugar, que data del año pasado; debieron sentarse y no levantarse hasta no encontrar una solución amigable entre las partes. Entendemos que el lugar, el cual en principio no aceptaba Pablo González, al paso del tiempo se convirtió en una “mina de oro” para el comercio de sus afiliados de la Unión que él representa -desde entonces- por eso la negativa a la reubicación. Sin embargo siempre hay una salida negociada. Tal vez la inmadurez en las negociaciones del Secretario de Gobierno sea la causa de la falta de acuerdos. Por eso el gobierno del Estado tendió la mano para ayudarles.
Los comerciantes no deben regresar a la Alameda hidalgo; sin embargo ¿Qué hacer para cumplir con la sentencia de amparo que obliga a la autoridad a regresar las cosas a su estado original antes de la violación? ¿Podrá la jueza ampliar el plazo una vez más?
No pueden regresar los comerciantes al mismo lugar porque aquel ya no existe como tal; fue modificado, es otro espacio físico actualmente, luego entonces es de imposible ejecución la sentencia. De tal suerte que la jueza debe entender que no pueden las cosas volver al estado en que se encontraban antes de la violación de los derechos de los comerciantes, es de imposible ejecución.
Ahora bien, el escenario siguiente es que se instruya al jefe inmediato superior del Director, para que haga cumplir la sentencia, dado que aquel es la autoridad responsable, y si no cumple, bueno habrá que recordar el caso de Graciela Juárez, quien siendo Presidenta Municipal de Pedro Escobedo, fue destituida del cargo y sujeta a proceso penal por incumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así que la jueza podría ordenar la destitución de ambos funcionarios por no acatar la resolución de amparo y someterlos al imperio de la ley.
Lo pertinente debe ser el acuerdo de las partes ¿Se imagina usted a la sociedad queretana oponiéndose a la reinstalación? Es un posible escenario y no entiendo por qué José Báez no ha movilizado a grupos sociales para que se opongan pacíficamente a la reinstalación de comerciantes en la Alameda Hidalgo ¡La sentencia tiene que cumplirse! Debe privilegiarse el acuerdo ante la rispidez del problema. El Municipio debe ofrecer espacios del mismo “valor comercial” que aquel que ocupaban antes de ser desalojados; la autoridad les generó derechos, ahora tiene que cumplirlos. Por eso no han aceptado tanto Pablo como Cesar.
Es imperante que mañana lleguen a un arreglo las partes o bien se vuelva a ampliar el plazo para la adecuada ejecución de la sentencia, antes de que sean destituidos funcionarios de la administración municipal de Marcos Aguilar. Y sin reticencias, deben las partes aceptar la mediación del gobierno del Estado, tal vez este sí encuentre la solución que hasta ahora no ha dado Manuel Velázquez Pegueros, el Director menos, de ese nada se sabe ¡Sin amenazas!
Conclusión. A la Alameda Hidalgo no deben regresar los comerciantes; las partes deben pugnar por un adecuado acuerdo que deje satisfechos a los amparistas. No hay de otra ¿Y las destituciones? Sería consecuencia legal que podría imponer la autoridad federal a la autoridad municipal. Así que a trabajar para resolver el problema que atrae la atención de los queretanos.
