TRAS LA VERDAD
Este domingo el sedicente Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, rindió su último informe del asunto de los 43 asesinados de la Normal de Ayutzinapa. Casi dos horas y media duró el informe; y, entre todos, descalifican lo hecho por las autoridades mexicanas y los expertos en fuego. Solo ello son los dueños de la verdad.
Con absoluto desconocimiento de la normatividad vigente de los cuerpos policiales –federal, estatal y municipal- del Ministerio Público Federal y del Ejército Mexicano, los “expertos”, se cuestionaban el por qué no había intervenido el ejército en un asunto meramente civil, así como la Policía Federal. De tal suerte que, para ellos, esas fueron acciones coordinadas y coparticipación orquestada. La abierta ignorancia del derecho positivo mexicano hace que tergiversen muchas de las acciones de las autoridades en el momento de los hechos acaecidos aquel 26 de septiembre de 2014.
En su informe jamás distinguieron fueros legales de competencia. No. Según su versión oficial del último informe, tanto el Ejército Mexicano como la Policía Federal, debieron intervenir desde el primer momento. Lo cual por supuesto no podía ser, acorde con los ámbitos de competencia en el marco jurídico ¿Cuál sería la intervención y qué haría personal del Ejército en la detención de civiles rijosos? Civiles que, en ese momento había detenido en la policía municipal ¡Nada! Por supuesto que no pueden ni deben intervenir. Pero los “expertos” cuestionaron esa falta de intervención.
Jamás explicaron que el expediente fue iniciado por las autoridades del Estado de Guerrero, cuando se suscitó el incidente entre los estudiantes y los delincuentes vestidos de policías. Cuando el asunto trascendió por la magnitud de los hechos, fue entonces que la PGR, atrajo el expediente para darle continuidad a la investigación de los actos criminales acaecidos en Cocula, en donde autoridades y delincuentes estaban coludidos hasta el cuello, por aquello de las drogas y no querían intrusos en su zona de influencia.
Para los miembros del GIEI todo lo que han hecho las autoridades mexicanas, ha estado mal, plagado de errores y falta de conocimientos. Todo lo descalificaron en dos horas y media. Y lo que ellos investigaron bajo el rubro de la especulación, dado que no aportaron pruebas -solo sus razonamientos- es lo que tiene validez, bajo los “estándares internacionales”, justificaban los “expertos”. Con singular certeza afirmaron que los normalistas no iban a boicotear el informe de la esposa del presidente municipal en aquel fatídico día. Y el misterioso “quinto bus”, debe investigarse.
Insistieron que en el basurero de Cocula, no hubo cremación de los 43 estudiantes, a pesar del peritaje rendido por los expertos en fuego y de la imagen satelital a la cual le niegan valor. Destrozaron con sus argucias el peritaje que estos rindieron, negándole toda credibilidad. Se quejaron y justificaron que el peritaje de los expertos en fuego no reúne los “estándares internacionales de rigor científico”. De tal manera que abiertamente insinúan que los 43 están vivos y en alguna otra parte; por supuesto para mantener activo el movimiento de los activistas y de los padres de las víctimas, para ellos simplemente desaparecidos. Los “expertos” exigen que las investigaciones de búsqueda continúen y el expediente no se cierre.
Después de cinco largas y fastidiosas intervenciones –todos los “expertos”- hicieron varias sugerencias al gobierno mexicano, para que mejores sus métodos de investigación, reforme sus leyes y continúe con la investigación. El Comisionado Presidente de la CIDH, James Cavallaro, quien se encontraba presente, aseveró que México debe implementar lo necesarios para cumplir con las recomendaciones de los “expertos”.
El Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz, se encontraba repleto de activistas y por supuesto, familiares de las víctimas, quienes aplaudieron y echaron porras al final del informe como si se tratara de un acto político. Las autoridades federales ausentes, seguramente no quisieron “engordarle el caldo a los expertos”.
Así concluye una intervención extranjera más a nuestro territorio nacional; extranjeros que quieren imponer condiciones a las autoridades mexicanas, obligándolas a legislar sobre lo que ellos proponen, tildando a los mexicanos de ignorantes. Eso sí, cobraron un millón de dólares por las ofensas y descalificaciones. Y todavía hay quienes piden que se queden más tiempo en México los “expertos”. Los traidores de siempre.
