La secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, expresó que el Gobierno del Estad atenderá y dará seguimiento a la recomendación hecha por la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) en la que refiere que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social de la Secretaría de Gobierno violaron derechos humanos de reunión pacífica, libertad personal, integridad personal, legalidad y seguridad jurídica de las personas que acudieron el día 10 de junio de 2022 a la manifestación pacífica que se realizó en la avenida 5 de Febrero de la ciudad de Querétaro.
En entrevista, la funcionaria expresó que también se aprovechará para que las dos dependencias de gobierno mejores sus procedimientos de atención de manifestaciones.
Sin embargo, la secretaria expresó que se ha avanzado en talleres, cursos y capacitaciones al personal de gobierno, acerca de diálogo y concertación.
“Mi postura ha sido siempre atender la recomendación que nos haga la Defensoría de los Derechos Humanos y creo que es una excelente oportunidad para mejorar nuestros procedimientos y protocolos de actuación, para seguir haciendo acciones esquemas de formación, capacitación de los concertadores”, dijo.
La secretaria refirió que durante las expresiones sociales y manifestaciones la intención del personal del gobierno es “actuar de buena fe”, respetando el derecho de manifestación de cualquier persona, pero también cuidando el derecho que tiene la ciudadanía al libre tránsito, la circulación y de no alteración del orden público.
“Es importante conciliar estos dos intereses, quienes tienen el derecho legítimo de manifestarse y el ciudadano que pide el que su espacio no se vea alterado y vulnerado”, manifestó.
Por eso, la secretaria consideró que esta recomendación es una oportunidad para que el personal de gobierno mejore sus procedimientos de atención y trato a la población.
La Defensoría concluyó que la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social omitió entablar un diálogo abierto, incluyente y fructífero con los manifestantes, antes y durante su desarrollo, con la finalidad de recibir, escuchar, atender y dar respuesta conforme a la ley a sus peticiones, así como por no haber cumplido con su obligación constitucional de respetar, proteger y garantizar, el derecho humano de reunión pacífica.
Por otra parte, acreditó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana omitió promover un entorno propicio para el desarrollo de la manifestación pacífica, además de que hicieron uso de la fuerza pública en contra de ésta, efectuando la detención de tres personas, quienes se encontraban en ejercicio de dicha prerrogativa.
