Servidores públicos no deben recibir obsequios por su función: Contraloría

A partir de este 1 de diciembre de 2022 y hasta el 6 de enero de 2023, la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, llevará a cabo la campaña de prevención dirigida a las y los funcionarios públicos de todas las dependencias estatales, denominada “Tu integridad ¡el mejor regalo!”, que les recuerda que no deben recibir obsequios con motivo de su función, sobre todo, en esta temporada decembrina.

“Además de que lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, contamos con un código de ética que prohíbe expresamente exigir o aceptar cualquier tipo de dádiva, donativos, obsequios, no solo en beneficio del servidor público, sino a favor de su cónyuge, concubino, parientes consanguíneos o hasta terceras personas con las que el servidor público tenga una relación laboral, profesional, o de negocios; es decir; el círculo de abstención de regalos es muy amplio para que no caigamos en esa situación” refirió Oscar García González, titular de la dependencia.

Dijo que si bien existe el clásico intercambio entre compañeros donde se regalan artículos diversos, eso no se considera causa de sanción; lo que está prohibido es que un servidor público reciba regalos con motivo de su función para beneficiar u obstaculizar trámites.

“Hasta el 6 de enero estará vigente esta campaña Tu integridad ¡el mejor regalo!, es algo que ya sabemos que no debe suceder, simplemente es recordar al servidor público que se abstenga, sobre todo, en esta temporada decembrina y evitar que pase”, advirtió.

El afectado o el denunciante puede acudir a la propia Contraloría o a los Órganos Internos de Control (OIC) en las dependencias, el proceso es que se hace entrega del regalo recibido, que se envía a la autoridad en materia de enajenación de bienes públicos; es decir, estos bienes pasan a considerarse públicos y se deben enajenar.

Sobre las sanciones, se contemplan desde la amonestación, suspensión de 30 a 90 días, destitución, sanción económica dependiendo del beneficio obtenido, hasta la inhabilitación para ocupar un cargo público que va de uno a 10 años.

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