TRAS LA VERDAD
Rebasan los 35 mil homicidios violentos cometidos en el año que está por terminar, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, no encuentra el mecanismo para terminar con la violencia, ni sus diarias levantadas de madrugada para presidir las reuniones de seguridad le han dado resultado. En ningún país del mundo han logrado terminar con la violencia por medio de abrazos; en cambio, aquellos gobiernos en los que existía violencia generalizada, que han aplicado de manera estricta la ley, lograron recuperar la seguridad de la población. Apenas lo comentaba con un amigo de origen libanés radicado en Querétaro, me afirmaba que así lograron mantener el orden en su país. Sin embargo, veía con preocupación lo que sucedía en México, en donde poco a poco los violentos han ido ganando terreno, el gobierno los tolera y no los castiga, por eso la violencia ha crecido y si el gobierno no detiene esa violencia, me decía el libanés, México podría tener un estallido social; no hay como imponer el orden por medio del imperio de la ley. Remataba mi amigo el africano comentando que en su país, a todo aquel que violentaba la ley se iba a la cárcel; muchos políticos tuvieron que sufrir esa experiencia, en poco tiempo dio resultado. Además, advertía que en México los delincuentes no respetan a la autoridad, ni los ciudadanos, la policía no está preparada y no es respetada, así no podrán lograr recobrar la seguridad pública.
Lo comentado con el libanés, no tiene mayor ciencia, cualquiera sabe que es necesario que la autoridad imponga el orden por medio del imperio de la ley, desde aquel ciudadano que no respetó la señal de tránsito, el político que tiene muchos inmuebles y no puede demostrar su lícita procedencia o el delincuentes que comete cualquier delito y pronto es liberado por violaciones al momento de su detención y a sus derechos humanos a pesar de ser responsable; en estos caso debe imperar la ley y castigar a quien cometió cualquier falta, ya después se podrá sancionar a las autoridades quienes violentaron los procedimientos, pero el delincuente se queda en la cárcel a purgar la pena que le corresponde. Así de simple es el derecho en sus distintas materias; no es optativa para la autoridad la aplicación de la norma, es una obligación. Por esa razón resulta inconcebible que el mismo Presidente de la República, haya arriado su responsabilidad y tolere al extremo a los delincuentes, a muchos de los cuales no solo solapa, también los premia con concesiones como lo hiciera con normalistas o dirigentes de la CNTE, estos cometen delitos para negociar con las autoridades y estas terminan cediendo a las pretensiones de los delincuentes. Derivado de lo anterior, lamentablemente los mexicanos estamos cerrando el año con el incremento en materia delincuencial.
94 asesinatos cada día, casi cuatro cada hora, cada 15 minutos matan a un mexicano. Datos aportados por la Secretaría de Seguridad Pública desde el 1 de diciembre de 2018, hasta el pasado 30 de noviembre. La “suigeneris paz narca”, decretada por el gobierno de López Obrador, ha tenido un efecto contrario a su pretensión, las perspectivas para el pueblo de México son desoladoras. Nos falta conocer los datos del mes de diciembre; la violencia ha superado cualquier pronóstico desde los datos registros en el año de 1997. La tasa de homicidios se disparó. El 1º de diciembre fue el día más sangriento y violento del año, 127 homicidios, curiosamente coincidió con la celebración del primer año de gobierno de López Obrador. Lamentablemente la galopante inseguridad en el país se ha reflejado en prácticamente todos los indicadores de violencia; aumentaron los secuestros un 33% con respecto al año anterior, con 1.801 carpetas de investigación abiertas; se han presentado más de 47.000 denuncias en materia de delitos sexuales. El incremento de estas agresiones ha crecido incidiendo en el abuso sexual, con un aumento del 52,5%.
Los conflictos entre la delincuencia organizada por controlar el territorio registraron muchas muertes que dispararon los indicadores. Recordemos algunos de los conflictos que causan muertes de personas inocentes. El 6 de enero, 7 muertos en un bar de la zona turística Playa del Carmen; 9 de marzo, 15 homicidios en un bar en Guanajuato; el 19 de abril, 13 muertos en el ataque a un salón de fiestas en el Estado de Veracruz; también en Veracruz, el 28 de agosto, 23 muertos tras el ataque con bombas molotov a la discoteca Caballo Blanco. Cualquiera sabe que todos estos homicidios están relacionados con la violencia de la delincuencia organizada, aquella que no quiere combatir el gobierno federal. Aun hay más. El ejemplo más deplorable y humillante de la nueva estrategia se escenificó en octubre, Municipio de Culiacán, Sinaloa. Lugar en donde las fuerzas federales de seguridad efectuaron un terrible “operativo” para detener a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán. Después de la detención, “el ejército” del cártel de Sinaloa lanzó su operativo con sorprendente despliegue de fuerza humana y armamento, que superaba en número y armamento a las autoridades, tomando por “sorpresa” a las autoridades que ejecutaban la orden de aprehensión girada por una autoridad estadounidense. Los delincuentes literalmente sitiaron la capital del estado, amenazaron con secuestrar a familiares de los militares que participaban en el operativo; la refriega entre autoridades y delincuentes se daba en las calles, estos con armamento “pesado” superaron a los militares y policías; el Gobierno de López Obrador, dobló las manos, dio la orden tajante de liberar a Ovidio. Hoy anunció la Secretaría de la Defensa Nacional, que guardarán el expediente por 5 años, para que no se conozca qué sucedió en realidad y a qué acuerdo llegó López Obrador, con ese grupo delincuencial. La opacidad se enseñorea.
Se dijo que en el enfrentamiento dejaron, al menos, 14 muertos y más de 21 heridos, aunque la cifra es incierta ya que los delincuentes retiraron a tiempo a sus compañeros lesionaos y muertos en combate. López Obrador dijo que fue la “guerra más corta”, duró 4 horas. Alfonso Durazo, por su parte, reconoció que se trató de un “operativo mal planteado”. Que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán se ordenó para “no combatir el fuego con más fuego”, ya que “habría provocado muchas más muertes”. En síntesis, la autoridad fue doblegada por el cartel de Sinaloa. Así de simple y la violencia continúa. Uno de los eventos más sangrientos e inhumanos de los delincuentes, se dio el 4 de noviembre, mataron a 3 mujeres y 9 menores en el estado de Sonora; fueron asesinados a balazos y quemaron los vehículos en que viajaban. Sin lugar a dudas que el primer año del mandato de López Obrador, quedará para la historia. Otro evento trágico sucedido en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, 137 muertos, sucedido el 18 de enero, cuando robaban combustible, una vez más, por orden del Presidente de la República, no intervinieron para no causar conflicto con la población que por docenas robaba combustible durante horas. López Obrador, causante directo de esas 137 muertes será juzgado por la historia, posteriormente por delitos de lesa humanidad. Así las cosas, ¡Sin seguridad no hay transformación alguna! Aunque el Presidente esté feliz, feliz, feliz; en cambio, la población vive infeliz, por falta de seguridad.
