Ambientalistas de Querétaro lamentan que el Gobierno del Estado no privilegió el decreto
Tras la suspensión del proceso de declaratoria de Área Natural Protegida de Peña Colorada, ambientalistas enviarán un oficio al gobernador del Estado, José Calzada, a fin de que explique por qué no se contó con las condiciones sociales para lograr el nombramiento, destacó la ecologista América Vizcaíno.
Refirió que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el 23 de Julio pasado publicó el documento donde se señala que no se contó con el respaldo ciudadano suficiente para la declaratoria, lo cual consideró que derivó de la mal información o falta de difusión por parte de las autoridades.
“Lo que el documento dice es que no hay las condiciones sociales para decretar, quisiera saber cuáles son las condiciones sociales, esta comisión, lo que hace es evaluar el aspecto técnico y jurídico del decreto, pero la gestión social se debió haber realizado la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del estado, quien desde un principio debió haber hecho todas las actuaciones necesarias para que la gente tuviera conocimiento y pudiera expresar, según sus derechos, no sé si en ese proceso hubo algún problema, no tenemos conocimiento”.
Aseveró que se solicitará al Gobierno del Estado, que explique lo que pasó para la suspensión del decreto, pues las consecuencias, es que los inversionistas tendrán mucha influencia, en las decisiones de la nueva administración.
“Vamos a hacer un oficio dirigido al gobernador, al secretario de Sedesu y al secretario de Gobierno. No va a haber decreto y los inversionistas tienen especulado con tierras de conservación, van a tener mucha influencia sobre las decisiones que tome el gobierno entrante y es preocupante porque esta zona además es muy bonita y tiene una gran biodiversidad”.
Comentó que en las cinco mil 200 hectáreas que se pretendían declarar como área natural protegida, existen comunidades en donde se realizan actividades de poco impacto y a los inversionistas no les conviene el nombramiento, debido a que iba impedir urbanizar la zona.
“La cuestión es, siempre que hay decretos, se les mal informa, los inversionistas hacen una presión tremenda y una campaña de desinformación muy grande, porque el decreto no era un decreto expropiatorio, erra un decreto donde los propietarios y los dueños, podían mantener la propiedad y podían realizar sus actividades en caso de agricultura, ganado, no les prohibía vender y comprar, pero a quien les afectaba directamente era a los especuladores de vivienda”.
