TRAS LA VERDAD
Avanza la conformación del llamado Sistema Nacional Anticorrupción. Aprobad por la LXII Legislatura Federal, ahora corresponderá al Senado su aprobación, modificación o rechazo. Después serán las legislaturas de los Estados.
El Sistema Nacional se compondrá de un Tribunal de Justicia Administrativa y una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Deberán nombrar 16 Magistrados adscritos al nuevo Tribunal y estos necesitarán de la infraestructura de personal suficiente para funcionar. El Presidente de la República propondrá y el Senado aprobará los nombramientos. El Tribunal solo conocerá de causas graves, el resto de las conductas seguirán siendo de la competencia de las contralorías.
Habrá un Fiscal Especial en el Combate a la Corrupción, que requerirá otro grupo importante de subordinados que le ayuden a su labor de investigación; personal que investigue, realice auditorías, desahogue diligencias, acumule pruebas para acusar a los inculpados de conducta grave y llevarlos ante el Tribunal de Justicia Administrativa, para ser juzgados y sentenciados.
Y como se trata de un Sistema Nacional, entonces todos los Estados de la República y el DF deberán emular esta acción ¡Y todo por que en México hay muchos corruptos! Otra de las innovaciones es la nueva forma de presentar las declaraciones patrimoniales, los burócratas deberán acompañar el pliego de intereses. La ley secundaria dirá cómo hacerlo. La Auditoría Superior de Fiscalización, podrá promover denuncias y en los Estados otro tanto tratándose del manejo de recursos federales.
La Cámara de Diputados podrá evaluar el funcionamiento de la Auditoría Superior de Fiscalización en cuanto a su funcionamiento y en su caso actuar en su contra por incumplida u omisa. El nuevo Sistema Anti Corrupción también contará con un Comité Coordinador, y replicarse en todos los Estados.
Los legisladores locales no deben fiscalizar cuentas públicas de los ayuntamientos, ello motivó una reforma regresiva en Querétaro; ahora la adición se plasma en el artículo 116 de la Constitución, con claridad: las auditorías a los ayuntamientos corren a cargo de los órganos de fiscalización y no de las legislaturas. Dice así: “Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública.”; Y es que en nuestro Estado los diputados vuelven a meter mano en la fiscalización de los ayuntamientos cuando compete a los órganos de fiscalización.
Después de que se agote el proceso legislativo, en los Transitorio se ordena que todos los Estados hagan las mismas reformas, por tratarse de un Sistema Nacional; ello después de crear las leyes secundarias y tienen hasta un año; después otro medio años para que llegue a los Estados. La misma burocracia pretende autolimitarse y castigarse ¡De pronto, la corrupción se convirtió en un buen slogan de campaña!
