Por Eduardo ROLDÁN. Internacionalista, diplomático, analista polítco y escritor.
La relación de México con Estados Unidos está pasando por una situación especial. México colinda con la mayor potencia económica, política y militar del planeta. Los dos países comparten 3,185 kilómetros de frontera. Más de 36 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos y sólo 4 millones de ellos son indocumentados. México es el primer socio comercial de Estados Unidos. Esta es la relación bilateral colindante más importante a nivel global, pues el comercio de México con Estados Unidos en un solo día es equiparable al de toda América Latina por un año. Por eso, a partir de esa realidad, se busca una política de buena vecindad, respeto, cooperación y de mutuo beneficio.
En este entorno, Kamala Harris, vicepresidenta de EE.UU, visitó México el 8 de junio de 2021. Sostuvo reuniones de trabajo con el presidente mexicano A. López Obrador y fue firmado un memorándum de entendimiento de cooperación para el desarrollo por los representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) y la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID. Otros de los temas centrales abordados fueron el de la frontera, la migración y el laboral, etc.
Espero que el memorándum de entendimiento arriba señalado ahora si se cumpla. Pues el último acuerdo signado entre México y los Estados Unidos, el 18 de diciembre de 2018, para fortalecer y ampliar la cooperación bilateral y fomentar el desarrollo económico y aumentar la inversión en el sur de México y Centroamérica para crear una zona de prosperidad y donde Estados Unidos se comprometió a otorgar un total de 5.8 mil millones de dólares no se cumplió. Estoy completamente convencido que, sólo con la educación de calidad, el libre comercio y la innovación tecnológica, se podrá combatir la pobreza y la enorme desigualdad social, económica y política prevaleciente en esa región y así lograr el verdadero desarrollo regional. La migración de centroamericanos hacia Estados Unidos, en tránsito por México, sólo se podrá desincentivar de la manera antes señalada.
En el marco de la visita de la vicepresidenta, también se dio a conocer que EE.UU destinará 130 millones de dólares para ayudar a la implementación de la reforma laboral y así garantizar los derechos de los trabajadores en los tres países. Lo anterior es relevante en virtud de que los compromisos adquiridos en el sector laboral bajo el T-MEC (contenidos en el capítulo 23) tienen un enorme impacto y beneficio para los trabajadores mexicanos. En México el salario mínimo oscila alrededor de 15 dólares al día, en cambio en EE.UU es de 15 dólares la hora; pero de acuerdo con las nuevas reglas estipuladas en el T-MEC, los contratos colectivos de trabajo de los trabajadores sindicalizados en México aumentarían 17.2%. Además, se abre la consulta a los trabajadores por voto libre, personal y secreto sobre el contrato colectivo de trabajo. De esa manera, se garantiza la democracia sindical y de justicia laboral.
Lo anterior concuerda con el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado y ratificado por México. No obstante, la instrumentación de la reforma laboral no ha sido y no va a ser fácil, requerirá de la revisión de 700,000 contratos colectivos de trabajo, en menos de cuatro años, según contempla el T-MEC. Según Luisa Alcalde, la secretaria del Trabajo de México, ello significará la revisión de 625 contratos por día, lo cual es poco plausible. Por ello, la necesidad de que instituciones universitarias o gubernamentales pudieran apoyar a México para lograr dichos cambios.
En el sector laboral el camino será sinuoso para la relación bilateral y trilateral. Me explico en los siguientes párrafos. El 10 mayo 2021, se presentó la primera solicitud relativa al mecanismo de respuesta laboral rápida del marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( véase El Economista,10/5/2021). La demanda fue contra Tridonex, empresa de autopartes establecida en Matamoros, Tamaulipas, con matriz en Filadelfia (Cardone), Estados Unidos, y controlada por un grupo canadiense. Al respecto, la AFL-CIO, el SEIU, el SNITIS y Public Citizen argumentaron que se había negado una representación sindical independiente a los trabajadores mexicanos para organizarse sindicalmente de manera independiente y negociar mejores salarios y condiciones de trabajo.
De ser así, se tendría que acordar una solución con Estados Unidos en los siguientes 55 días para evitar un panel de solución de controversias. Y en caso de que no se llegue a solución, el panel establecido podría imponer multas o aranceles a la planta investigada fabricante de partes automotrices.
Este caso ilustra los barruntos de ese camino largo y sinuoso para la desaparición del charrismo y la corrupción sindical que ha prevalecido en México durante décadas y así llegar a una mayor justicia laboral en términos salariales, humanos y del gremio en general.
